La autoridad ambiental restringió la operación de INDEGA: le prohibió seguir usando tres fuentes hídricas, redujo el caudal permitido y acortó el tiempo del permiso en zona rural del municipio.
En una decisión que marca un nuevo pulso sobre el uso del agua en la Sabana de Bogotá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso condiciones más estrictas a la embotelladora Industria Nacional de Gaseosas S.A.S. (INDEGA), empresa que hace parte del sistema de The Coca-Cola Company en el país.
Tras un proceso que se extendió por más de un año —y que incluyó estudios técnicos, análisis jurídicos y la intervención de comunidades y autoridades locales—, la entidad resolvió negar la prórroga para tres de los siete manantiales que la compañía utilizaba en la vereda Santa Elena, en La Calera.
La determinación, oficializada mediante la Resolución 347 de 2026, también recorta el volumen de agua autorizado. A partir de ahora, la empresa solo podrá captar 1,9 litros por segundo en los cuatro manantiales restantes, una reducción significativa frente a los 3,23 litros por segundo que tenía permitidos anteriormente.
El ajuste implica una disminución cercana al 42 % en el aprovechamiento del recurso, en una zona donde la disponibilidad de agua ha sido motivo de preocupación para la comunidad.
Otro de los cambios clave es la duración del permiso. La CAR redujo la vigencia de la concesión de 10 a 5 años, periodo tras el cual se revisará nuevamente si existen condiciones para mantener o no la autorización.
De acuerdo con la entidad, la decisión se soporta en modelos de balance hídrico que contemplan distintos escenarios climáticos, así como en el principio de precaución frente a posibles afectaciones en la oferta del recurso.
Para continuar operando, INDEGA deberá cumplir una serie de requisitos más exigentes. Entre ellos, la instalación de sistemas que permitan medir en tiempo real el caudal extraído y la puesta en marcha de una estación hidrometeorológica conectada a la red de monitoreo de la CAR.
A esto se suma la obligación de presentar un nuevo plan de compensación ambiental, bajo lineamientos más estrictos. Este contempla la adquisición y protección de más de 53 hectáreas en ecosistemas estratégicos, la ejecución de obras que contribuyan al abastecimiento de acueductos locales y el desarrollo de programas de educación y participación comunitaria.
La resolución también establece que, ante eventuales escenarios como sequías, contaminación o disminución en la disponibilidad del agua, la empresa deberá suspender de inmediato la captación.
Con esta medida, la CAR refuerza el control sobre el uso del recurso hídrico en el territorio y envía una señal clara: la sostenibilidad ambiental y el acceso al agua para las comunidades se imponen como prioridad frente a las actividades industriales.
