La Gobernación de Cundinamarca ordenó la cancelación de la licencia de funcionamiento del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, en Cajicá, tras concluir que la institución incurrió en incumplimientos graves relacionados con sus deberes de vigilancia, cuidado y protección de los estudiantes.
La decisión fue adoptada mediante la Resolución 004627 del 19 de junio de 2026, en el marco de un proceso administrativo sancionatorio adelantado por la Secretaría de Educación de Cundinamarca, que determinó la responsabilidad del establecimiento por infracciones a las disposiciones que regulan la prestación del servicio educativo.
Según la autoridad departamental, las fallas identificadas comprometen aspectos esenciales del deber de protección integral de los menores, así como la implementación de protocolos efectivos de seguridad dentro de la institución.
La medida se da en el contexto del caso de la menor Valeria Afanador, de 10 años, quien desapareció el 12 de agosto de 2025 durante la jornada escolar dentro del plantel. Su cuerpo fue hallado 18 días después en el río Frío. El dictamen forense estableció que la causa de muerte fue ahogamiento, sin evidencia de violencia física.
Como parte de las actuaciones administrativas, se estableció que la menor permaneció sin supervisión durante varios minutos dentro de las instalaciones. Registros de video evidenciaron que accedió en repetidas ocasiones a una zona perimetral contigua al río, sin que se activaran mecanismos de control o intervención.
En ese sentido, la Secretaría de Educación concluyó que el colegio no garantizó condiciones adecuadas de vigilancia ni adoptó medidas suficientes para prevenir riesgos, lo que derivó en la sanción de cancelación definitiva de la licencia.
No obstante, la administración departamental precisó que la medida se hará efectiva una vez finalice el calendario académico de 2026, con el propósito de asegurar la continuidad del servicio educativo y facilitar la reubicación de los estudiantes.
Para ello, la rectora de la institución deberá presentar antes del 31 de octubre un plan de traslado que garantice la continuidad de los procesos académicos de los alumnos matriculados. Una vez en firme la decisión, se suspenderán todos los trámites administrativos relacionados con el establecimiento educativo.
De manera paralela, la Fiscalía avanza en el proceso penal derivado de los hechos. El ente investigador anunció la imputación de cargos por homicidio culposo contra dos integrantes del personal educativo, en consideración a las posibles omisiones en el cumplimiento de sus funciones de cuidado durante la jornada escolar.
La decisión administrativa y el avance del proceso judicial reafirman la obligación de las instituciones educativas de garantizar condiciones efectivas de seguridad, vigilancia y protección de los menores bajo su responsabilidad, en cumplimiento del marco constitucional y legal vigente.
