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Procuraduría realizará seguimiento a casos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en la localidad de Santafé, en Bogotá.

La Procuraduría General de la Nación vigilará los procesos de restablecimiento de derechos de las niñas y niños rescatados en las últimas horas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Alcaldía de Bogotá, en la localidad de Santafé, quienes estarían siendo explotados sexualmente.

A través de la Delegada para el Ministerio Público hará seguimiento a los procesos penales contra explotadores sexuales y casos de extinción de dominio sobre los inmuebles en los que se identificó esta grave vulneración de derechos.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Florez, pidió a las autoridades identificar y judicializar las redes criminales que explotan y se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños y adolescentes colombianos y migrantes venezolanos.

Precisó que procuradores judiciales de familia harán seguimiento sobre los procesos de restablecimiento de derechos de los niños y niñas rescatados, para que se les brinde atención integral en salud física, psicosocial y garantías de no repetición que estén dirigidas a la reconstrucción real de sus proyectos de vida.


Aseguró el Procurador que la prevención, atención y sanción de las violencias sexuales contra mujeres, niños, niñas y adolescentes debe ser una prioridad en la agenda de todas las instituciones públicas.

“Como órgano de control debemos velar por la visibilización de estas violencias, el incentivo para denunciar y no callar debe ser la sanción efectiva a los explotadores así como la protección a las víctimas, el restablecimiento de sus derechos y el acceso a la justicia; recordando que como Estado estamos en la obligación de velar porque ninguna persona sea víctima de explotación sexual, puesto que es este un delito que vulnera la dignidad y los derechos humanos”.

Finalmente, hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Judicial para que también se persiga a quienes pagan u ofrecen dinero por abusar sexualmente de niños, niñas o adolescentes, y se les judicialice por el delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad, según lo tipifica el artículo 217 A del Código Penal Colombiano.

La Procuraduría seguirá visibilizando esta problemática en todo el país y comprometiendo a las instituciones públicas, empresas privadas, academia, medios de comunicación y ciudadanía a luchar por la eliminación de estas formas de violencias. El próximo 15 de mayo realizará en Pereira la quinta audiencia pública de lucha contra la explotación sexual, trata de personas y demás formas de violencias sexuales.

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