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Procuraduría formuló cargos a exsecretario de Urbanismo y Ordenamiento Territorial de Madrid, Cundinamarca

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a exsecretario de Urbanismo y Ordenamiento Territorial de Madrid, Cundinamarca, Jorge Eliecer Ortiz Velásquez (2015), por presuntas irregularidades en la expedición de actos administrativos que viabilizaban la construcción de un proyecto de más de 900 viviendas.


El órgano de control cuestionó la existencia de presuntas faltas disciplinarias relacionadas con la expedición de las resoluciones 335 del 31 de julio de 2014, por medio a de la cual al parecer concedió la licencia urbanística para la subdivisión de un predio denominado Botaira, ubicado en la vereda El Chauta, y la 224 del 6 de agosto de 2014, en la que supuestamente dio el concepto favorable de viabilidad de la propuesta ‘Proyecto Ciudadela Campestre Chauta’.

Presuntamente el funcionario infringió sus deberes funcionales, porque los actos administrativos al parecer no cumplían los requisitos de orden constitucional, legal y reglamentario para el momento en que se tomaron las decisiones, que habrían permitido que Asvimadrid pretendiera surtir los trámites definitivos para ejecutar el proyecto de vivienda Ciudadela Campestre El Chauta, que por su complejidad en cuanto al número de viviendas a construir impactaría desfavorablemente a la comunidad asentada en la vereda.

Según el material probatorio con el que cuenta la PGN, el Centro Poblado de Chauta mantiene un déficit de agua potable, y precarias condiciones del sistema de acueducto y alcantarillado, situación que a juicio del Ministerio Público podría acrecentarse si se desarrolla un proyecto en la zona para más de 900 familias.

La Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta del exfuncionario como grave a título de culpa gravísima, por cuanto para la expedición de los actos administrativos cuestionados al parecer no tuvo el cuidado necesario y exigible que demandaba el ejercicio de su función.

Al investigado le asiste el derecho de presentar descargos y solicitar o aportar pruebas conducentes a su defensa.