Los investigados no contaban con permisos sanitarios, ni ambientales y los lugares no cumplían con medidas de higiene y salubridad, pues había presencia de cucarachas, entre otras situaciones detectadas. Los desechos producto del sacrificio de los porcinos eran arrojados a fuentes hídricas.
Mediante labores investigativas la Fiscalía General de la Nación descubrió una planta de producción ilegal de carne de cerdo, pues no tenía autorización del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ni de la Secretaria de Salud Departamental de Risaralda, para realizar actividades de producción primaria, sacrificio, beneficio, desposte, desprese, transporte y comercialización al público, en el municipio de Santa Rosa de Cabal.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó en la ciudad de Pereira (Risaralda) ante un juez penal de garantías a las cinco personas, a quienes les formuló cargos, en calidad de coautores, por los delitos de concierto para delinquir, contaminación ambiental y corrupción de alimentos, productos médicos o materiales profilácticos.
Los procesados, que aceptaron su responsabilidad y fueron cobijados con detención domiciliaria, son:
- Asael Arboleda Osorio, alias el Gordo, supuesto jefe de la organización.
- Gabriel Antonio Arteaga, alias Gaby, quien al parecer se encargaba de la comercialización.
- José León Arboleda, alias Leo, servía de vigía, avisaba los movimientos de las autoridades.
- Alberto Acevedo Salazar, alias Garrafón, supuesto colaborador en el sacrificio clandestino.
- Jhon Fredy Arboleda, alias Jhon, a cargo de transportar la carne.
El ente acusador estableció que durante dos años estos hombres supuestamente obtuvieron beneficio económico por ser los dinamizadores, transportadores y comercializadores de la citada planta, que funcionaba en una casa común con adecuaciones.
Se evidenció igualmente que los lugares dispuestos para el almacenamiento, distribución y venta de los cárnicos no eran aptos, al grado de encontrarse presencia de cucarachas. Además, se determinó que en el proceso del transporte no se garantizaba la cadena de frío.
La existencia del local como matadero y beneficio de la carne de porcino ilegal representaba un riesgo para la salud de quienes consumían el producto, no solo por la insalubridad en el sacrificio y venta de la carne sino por la comercialización de productos alternos. En el sitio se elaboraban chorizos que eran vendidos en supermercados a nivel nacional. Los implicados, presuntamente, estaban contaminando el medio ambiente al verter los desechos orgánicos sobrantes del sacrificio en la quebrada Santa Helena y el río San Eugenio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda).
El trabajo investigativo requirió de tres allanamientos en los distintos sitios de sacrificio, almacenaje o distribución. En estos lugares se encontraron cerdos vivos, 255 kilos de carne y vísceras que fueron incautadas y sometidas al proceso de desnaturalización ante una entidad autorizada.
La privación de la libertad de las cinco personas y el desmantelamiento de este Grupo Delictivo Organizado (GDO) en todas sus fases de la cadena criminal, hacen parte de los resultados del direccionamiento estratégico establecido por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para judicializar los actos que atenten contra la salud pública, los recursos naturales y el medio ambiente.