El silencio de la noche en Funza se iluminó con velas y carteles. Allí, familiares de los ocho reclusos que murieron en el incendio de la estación de Policía el pasado 16 de septiembre, convirtieron el dolor en exigencia: verdad, justicia y garantías para que la tragedia no quede en el olvido.
La versión oficial inicial apuntaba a un intento de fuga, pero los familiares insisten en que detrás del siniestro hubo represalias y castigos que agravaron las tensiones dentro de la celda. Según sus testimonios, los internos habrían pedido ayuda horas antes, sin que nadie atendiera sus llamados.
El manejo de la emergencia también genera cuestionamientos. Varios heridos, denuncian los allegados, fueron evacuados en patrullas de la Policía y no en ambulancias, lo que habría retrasado la atención médica. Incluso aseguran que, en un principio, recibieron información errónea: se les dijo que los detenidos estaban fuera de peligro, cuando en realidad su estado era crítico.
La Justicia Penal Militar asumió la investigación para determinar si hubo omisiones por parte de los uniformados responsables de la custodia de los 12 detenidos ese día. Sin embargo, el hermetismo institucional no convence a los familiares, quienes exigen resultados concretos y mayor transparencia.
Más allá del dolor de las familias, el hecho despertó una reflexión colectiva en Funza: ¿qué tan seguras y humanas son las condiciones de reclusión en las estaciones de Policía? La velatón no solo fue un homenaje a los fallecidos, sino también un llamado urgente para que se protejan los derechos de quienes, aunque privados de la libertad, siguen siendo ciudadanos bajo la responsabilidad del Estado.
