En un nuevo operativo contra el crimen organizado en Cundinamarca, las autoridades desarticularon la estructura delincuencial conocida como ‘Los Barbas’, señalada de dedicarse al microtráfico y de tener presuntos vínculos con el Clan del Golfo.

La acción, que dejó siete personas capturadas, hace parte de una estrategia sostenida para atacar de manera integral las organizaciones criminales que operan en el departamento. Según el gobernador Jorge Rey, con este resultado ya son 158 las estructuras ilegales desmanteladas durante su administración.

“Nos comprometimos a enfrentar el crimen organizado en toda su dimensión. No basta con capturas aisladas; es necesario impactar toda la cadena delictiva, desde cabecillas hasta redes logísticas y financieras”, aseguró el mandatario.

La operación fue desarrollada de manera articulada entre la Policía de Cundinamarca, la SIJIN, la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Guaduas y la Secretaría de Gobierno departamental. En el marco de la investigación se realizaron seis diligencias de allanamiento que permitieron hacer efectivas las órdenes judiciales.

Entre los capturados se encuentra Hernán Jair Morales Monroy, alias ‘Barbas JR’, identificado como el presunto cabecilla de la organización. Junto a él fueron detenidos otros seis señalados integrantes, quienes, de acuerdo con las autoridades, cumplían roles relacionados con distribución, logística y control territorial.

Las investigaciones indican que la red criminal se dedicaba a la comercialización de bazuco, cocaína y marihuana bajo la modalidad exprés y a domicilio, además de su distribución en establecimientos nocturnos, parques y zonas cercanas a instituciones educativas.

Asimismo, las autoridades establecieron que ‘Los Barbas’ mantenían disputas por el control del microtráfico en la región, lo que estaría vinculado con varios homicidios selectivos registrados en Bajo Magdalena y Gualivá.

“El cabecilla coordinaba las actividades ilícitas y las confrontaciones por el dominio territorial, generando hechos violentos en la zona. También se evidenció que prestaban servicios criminales al Clan del Golfo en su proceso de expansión”, explicó el coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca.

Durante los procedimientos fueron incautados una escopeta y 28 cartuchos calibre 12. Los capturados, que acumulan más de 33 anotaciones judiciales, deberán responder por delitos como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir y otras conductas relacionadas con homicidios que continúan en investigación.

El gobernador Rey destacó la coordinación institucional que permitió este resultado y reiteró el compromiso de su administración con la seguridad en el departamento.

El excandidato presidencial Iván Cepeda reconoció este miércoles los resultados oficiales de los escrutinios y aceptó que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República.

A través de un pronunciamiento, Cepeda aseguró que su decisión responde a un compromiso con la institucionalidad del país. “He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso de escrutinio y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, afirmó.

El exaspirante del Pacto Histórico agregó que este reconocimiento se da “como un acto de responsabilidad democrática”, en medio del cierre del proceso electoral.

En su declaración, Cepeda también confirmó que asumirá su papel como líder de la oposición, la cual —según indicó— será “democrática, vigilante y constructiva”. Esto implica, además, que ocupará la curul en el Senado que le corresponde tras haber obtenido el segundo lugar en las elecciones.

No obstante, advirtió que, de ser necesario, promoverán “la resistencia y la desobediencia civil pacífica”, en el marco de las garantías constitucionales.

De otro lado, el excandidato reiteró sus cuestionamientos a la campaña del presidente electo. En particular, denunció una presunta injerencia extranjera en el proceso electoral colombiano.

“Denunciamos la abierta e indebida injerencia extranjera en los asuntos internos de Colombia, particularmente las intervenciones del presidente Donald Trump”, señaló.

Un total de 13 personas fueron condenadas por su participación en la organización y financiación de una convención internacional clandestina de peleas de perros, realizada en una finca del municipio de La Calera (Cundinamarca). El evento ilegal reunió participantes provenientes de Colombia, República Dominicana, Ecuador y Venezuela.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los implicados aceptaron su responsabilidad en los delitos de muerte de animales y lesiones graves que afectaron la salud e integridad física de varios caninos, conductas agravadas por haberse cometido con fines de explotación económica.

La investigación, liderada por el Grupo Especial contra el Maltrato Animal (Gelma), evidenció que el pasado 14 de marzo de 2026, en la vereda Aurora Alta, los responsables acondicionaron un espacio tipo ‘ring’ dentro de un kiosco, con sillas, alimentos y bebidas, para facilitar las confrontaciones ante espectadores.

Durante el operativo de registro y allanamiento en el lugar, las autoridades hallaron dos perros muertos, con signos evidentes de violencia, y rescataron a otros 12 animales. Seis de ellos presentaban graves afectaciones físicas y comportamentales compatibles con maltrato prolongado.

Los hoy condenados fueron capturados en flagrancia. Entre ellos hay nueve ciudadanos extranjeros —ecuatorianos, venezolanos y dominicanos— que habrían financiado el evento y viajado al país para participar. También fueron judicializados cuatro colombianos, incluido el señalado organizador, Julián Esteban León Ramírez, y el veterinario Carlos Alberto Cifuentes Hernández.

Un juez les impuso una pena de 31 meses y 15 días de prisión, además de una multa equivalente a 28,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Asimismo, quedaron inhabilitados para ejercer actividades relacionadas con la tenencia y cuidado de animales durante el mismo tiempo de la condena.

La Gobernación de Cundinamarca ordenó la cancelación de la licencia de funcionamiento del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, en Cajicá, tras concluir que la institución incurrió en incumplimientos graves relacionados con sus deberes de vigilancia, cuidado y protección de los estudiantes.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución 004627 del 19 de junio de 2026, en el marco de un proceso administrativo sancionatorio adelantado por la Secretaría de Educación de Cundinamarca, que determinó la responsabilidad del establecimiento por infracciones a las disposiciones que regulan la prestación del servicio educativo.

Según la autoridad departamental, las fallas identificadas comprometen aspectos esenciales del deber de protección integral de los menores, así como la implementación de protocolos efectivos de seguridad dentro de la institución.

La medida se da en el contexto del caso de la menor Valeria Afanador, de 10 años, quien desapareció el 12 de agosto de 2025 durante la jornada escolar dentro del plantel. Su cuerpo fue hallado 18 días después en el río Frío. El dictamen forense estableció que la causa de muerte fue ahogamiento, sin evidencia de violencia física.

Como parte de las actuaciones administrativas, se estableció que la menor permaneció sin supervisión durante varios minutos dentro de las instalaciones. Registros de video evidenciaron que accedió en repetidas ocasiones a una zona perimetral contigua al río, sin que se activaran mecanismos de control o intervención.

En ese sentido, la Secretaría de Educación concluyó que el colegio no garantizó condiciones adecuadas de vigilancia ni adoptó medidas suficientes para prevenir riesgos, lo que derivó en la sanción de cancelación definitiva de la licencia.

No obstante, la administración departamental precisó que la medida se hará efectiva una vez finalice el calendario académico de 2026, con el propósito de asegurar la continuidad del servicio educativo y facilitar la reubicación de los estudiantes.

Para ello, la rectora de la institución deberá presentar antes del 31 de octubre un plan de traslado que garantice la continuidad de los procesos académicos de los alumnos matriculados. Una vez en firme la decisión, se suspenderán todos los trámites administrativos relacionados con el establecimiento educativo.

De manera paralela, la Fiscalía avanza en el proceso penal derivado de los hechos. El ente investigador anunció la imputación de cargos por homicidio culposo contra dos integrantes del personal educativo, en consideración a las posibles omisiones en el cumplimiento de sus funciones de cuidado durante la jornada escolar.

La decisión administrativa y el avance del proceso judicial reafirman la obligación de las instituciones educativas de garantizar condiciones efectivas de seguridad, vigilancia y protección de los menores bajo su responsabilidad, en cumplimiento del marco constitucional y legal vigente.

Cundinamarca. En desarrollo de actividades operativas adelantadas por la Policía Nacional en la vereda El Cajón, zona rural del municipio de Bituima, se logró la captura en flagrancia de una mujer por los delitos de extorsión y violación de habitación ajena, gracias a la oportuna información suministrada por la ciudadanía.

La captura se produjo luego de atender un requerimiento ciudadano relacionado con la ocupación ilegal de una finca del sector. De acuerdo con la información recopilada, tres personas habrían ingresado al predio tras violentar las cerraduras y permanecer en el lugar sin autorización del propietario.

En las entrevistas realizadas por los investigadores, se conoció que días antes habría llegado una persona a la zona rural de este municipio, aduciendo ser integrante de este grupo armado y realizando exigencias económicas mediante llamadas y mensajes de WhatsApp. Esta situación tendría presunta relación con la captura de la mujer, de 42 años.

En el procedimiento, otras dos personas lograron huir del lugar y son objeto de investigación. La capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y se está a la espera de la culminación de las audiencias para definir su situación judicial.

La Policía Nacional continúa desarrollando acciones contundentes contra la extorsión e invita a la ciudadanía a denunciar este delito a través de la línea 165 del GAULA.

El concejal de Madrid (Cundinamarca), Harol Naranjo Coy, presentó su renuncia al cargo con el propósito de iniciar su aspiración a la Alcaldía del municipio.

Abogado, especialista y magíster en contratación estatal, Naranjo cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público. Se ha desempeñado como asesor jurídico, docente universitario y líder comunitario, consolidando un perfil técnico y cercano a las dinámicas del territorio.

La decisión se produce en el contexto del inicio del calendario político previo a las elecciones locales y le permitirá concentrarse en la estructuración de su campaña y en la consolidación de su propuesta de gobierno.

Durante su paso por el Concejo, participó en debates de control político y en la discusión de iniciativas relacionadas con el desarrollo del municipio. Tras conocerse su salida, algunos cabildantes destacaron su profesionalismo, su trato respetuoso y su sentido de pertenencia por Madrid, incluso en medio de diferencias políticas.

Con su retiro del cargo, se activa el proceso para definir quién ocupará su curul, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

Se espera que en los próximos días el ahora exconcejal oficialice el lanzamiento de su campaña y presente los principales ejes de su programa de gobierno.

Su renuncia marca uno de los primeros movimientos dentro del panorama electoral en Madrid, en una contienda que comienza a tomar forma de cara a los próximos comicios.

Un juez de control de garantías envió a prisión a un hombre y a una mujer, señalados de ser los presuntos responsables de una dolorosa red de violencia sexual contra una menor de edad en el municipio de Caparrapí, Cundinamarca. Los capturados son, textualmente, el padrastro y la madre biológica de la víctima.

Según la investigación liderada por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, los abusos no fueron un hecho aislado. Las autoridades lograron determinar que las agresiones se habrían presentado de manera reiterada durante casi cuatro años, comenzando en el 2022 y extendiéndose hasta enero de 2026.

El material probatorio recaudado por los peritos judiciales permitió individualizar la presunta responsabilidad de cada uno de los implicados en este entorno intrafamiliar:

• El padrastro: Es señalado directamente como el autor material de las agresiones físicas y sexuales en contra de la menor.
• La madre: Según la Fiscalía, la mujer tenía pleno conocimiento de la aberrante situación a la que era sometida su hija; sin embargo, guardó silencio y omitió denunciar los hechos ante las autoridades competentes.

Tras la legalización de sus capturas, un fiscal les imputó los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales violentos, cargos por los cuales un juez les dictó medida de aseguramiento.

A raíz de este caso, la Policía de Cundinamarca insistió en la importancia de activar las rutas de atención inmediata frente a cualquier sospecha de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Las autoridades recordaron que las líneas de atención gratuita, como la Línea 141 del ICBF y la Línea 123, están disponibles las 24 horas para reportar de manera confidencial cualquier tipo de violencia intrafamiliar o abuso infantil.

Un trágico accidente de tránsito se registró en las últimas horas en la vía que conecta a El Rosal con Facatativá, a la altura del sector Alto de Córdoba, donde un motociclista perdió la vida tras colisionar contra una retroexcavadora.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro ocurrió antes de iniciar el mencionado sector. Por causas que son materia de investigación, el conductor de la motocicleta impactó contra la maquinaria pesada que se encontraba en la vía.

El fuerte choque le causó la muerte en el lugar de los hechos al motociclista, cuya identidad aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Unidades de tránsito y organismos de emergencia hicieron presencia en el lugar para adelantar el levantamiento del cuerpo y regular la movilidad.

Las autoridades iniciaron las respectivas investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar posibles responsabilidades.

Madrid, Cundinamarca, 10 de junio de 2026.
El Concejo Municipal de Madrid confirmó que no ha sido radicado ningún proyecto de acuerdo para modificar el Fondo de Educación Superior (FOES), lo que ha dejado sin beneficiarios a los estudiantes del municipio durante el presente semestre.

La corporación respondió así a los anuncios de la Administración Municipal sobre la estrategia para la vigencia 2026, aclarando que, aunque el programa ya existe mediante acuerdo municipal, cualquier modificación debe surtir un trámite formal que, hasta ahora, no se ha iniciado.

“Actualmente no cursa ni ha sido radicado ningún proyecto relacionado con la modificación, fortalecimiento o implementación del FOES”, indicó el Concejo en un comunicado oficial.

La falta de radicación tiene efectos directos. Estudiantes que en semestres anteriores accedían a este apoyo económico esperaban continuar como beneficiarios para garantizar su permanencia en la educación superior, pero este periodo no hubo asignaciones.

El Concejo explicó que, aunque la Administración podría estar en etapa de estructuración de la propuesta, es indispensable que el proyecto sea presentado formalmente para iniciar su estudio, debate y eventual aprobación.

La mesa directiva, presidida por Cristian Arley Hernández Garzón, reiteró la disposición de la corporación para analizar iniciativas que fortalezcan el acceso a la educación superior. No obstante, insistió en que sin radicado no es posible adelantar ningún proceso.

Por ahora, el FOES en Madrid permanece sin ajustes y sin ejecución para este semestre, en medio de la expectativa de estudiantes que dependen de este tipo de apoyos para continuar sus estudios.

De acuerdo con reportes oficiales, uno de los mineros había sido hallado sin vida el día anterior, mientras que este viernes fueron recuperados los cuerpos de otros seis trabajadores que permanecían atrapados en el socavón.

La emergencia ocurrió en la mina Carbonera San Antonio, ubicada en la vereda Las Peñas, donde durante cerca de 24 horas socorredores mineros, organismos de emergencia, personal de salud, bomberos y autoridades locales trabajaron de manera ininterrumpida en las labores de rescate.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. “A sus familiares, amigos y seres queridos les expresamos nuestras más sinceras condolencias”, señaló.

Las víctimas fueron identificadas como Jimmy Mendieta, Rubén Esteban Montaño, Diego Ferney Robayo, Luis David Casallas, Camilo Sierra, Héctor Márquez y Alexander Rodríguez Rincón.

La Agencia Nacional de Minería anunció que adelantará las investigaciones para establecer las causas del accidente.

Entre tanto, las autoridades mantienen el acompañamiento a las familias afectadas por esta tragedia que enluta al municipio de Sutatausa y al departamento de Cundinamarca.