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Embolatados se encuentran 10 mil cupos de ascensos de patrulleros de la Policía Nacional.

El ICFES, entidad que realizó los exámenes, tendrá que dar explicaciones del caso.

​En la mira de la Procuraduría General de la Nación-PGN- se encuentra el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES- como operador del proceso, luego de que realizara un concurso de patrulleros que accederían al grado de Subintendente y los resultados, de 10 mil que aprobaron, se vieran embolatados.




Según el Ministerio Público, la Dirección General de la Policía Nacional suscribió con el ICFES un contrato interadministrativo, el cual tenía como objetivo la construcción, diagramación, aplicación, calificación y publicación de resultados de las pruebas sicotécnicas y de conocimientos policiales para el concurso de patrulleros, previo al curso de capacitación para ingresar al grado de Subintendente.

A las pruebas, cumplidas satisfactoriamente el 25 de septiembre de 2022, se presentaron 41.599 patrulleros, de los cuales 10 mil resultaron elegidos y cuyas calificaciones fueron publicadas el 19 de noviembre en el portal web del ICFES.

La sorpresa llegó el 16 de diciembre cuando la institución policial y el ICFES, en un comunicado, informaron, a través de sus redes sociales, que se evidenció una falla técnica masiva en el procesamiento y carga de los datos publicados y esto obligaba a la verificación y corrección de los resultados.

La situación generó una cascada de reclamos, más de 140, de los patrulleros que habían sido seleccionados ya que los puestos que inicialmente ocuparon fueron modificados, razón por la que el ente de control exigió explicaciones al ICFES sin recibir respuestas claras.

Por estas razones, la Procuraduría Delegada Segunda para la vigilancia y Control de la Función Pública determinó compulsar copias al operador disciplinario competente para que adelante las investigaciones del caso.

La Procuraduría continuará con las labores de orden preventivo tendientes a garantizar la protección del principio del mérito, transparencia y confianza legítima en todos los concursos públicos.