Los alcaldes de Soacha, Chía y Tocancipá enfrentan procesos ante el Consejo de Estado, tras la admisión de recursos extraordinarios de revisión que buscan dejar sin efecto decisiones disciplinarias emitidas por la Procuraduría General de la Nación.
En el caso de Tocancipá, el mandatario Walfrando Adolfo Forero fue sancionado con una inhabilidad de diez años para ejercer cargos públicos, al ser hallado presuntamente responsable de un incremento patrimonial injustificado cercano a los $1.000 millones. Esta medida, confirmada en segunda instancia por la Procuraduría en diciembre de 2023, fue objeto de recurso y actualmente es evaluada por el alto tribunal.
Por su parte, Leonardo Donoso Ruiz, alcalde de Chía, también interpuso un recurso de revisión ante la decisión disciplinaria que lo inhabilitó por nueve años. La sanción está relacionada con un contrato de alumbrado público, por más de $14.000 millones, suscrito durante su anterior administración entre 2016 y 2019. El expediente está en estudio por parte del magistrado Luis Eduardo Mesa.
En el municipio de Soacha, el alcalde Julián Sánchez Acosta es objeto de revisión judicial a través de una acción de tutela interpuesta por una ciudadana que cuestiona la legalidad de su elección. La demandante alega que el mandatario se posesionó como alcalde mientras aún ejercía como diputado en la Asamblea Departamental, lo que podría constituir una irregularidad.
Los tres casos se encuentran en distintas etapas procesales, pero comparten un denominador común: las revisiones en curso por parte del Consejo de Estado frente a decisiones de fondo adoptadas por el órgano de control disciplinario.
Se prevé que en los próximos días el alto tribunal emita pronunciamientos sobre estos expedientes. Cualquier decisión que implique modificaciones en la permanencia de los mandatarios tendría un impacto significativo en la dinámica política y administrativa de la región, dado el peso estratégico de estos municipios en el desarrollo económico y urbano de Cundinamarca.
